¡Datos públicos ya!

En 2007, Daniel Vargas Télles solicitó a la Municipalidad de San Lorenzo que le informara cuántos funcionarios trabajaban para el gobierno municipal, qué hacían y cuánto ganaban. La negativa de la Municipalidad a entregar dicha información obligó a Daniel a acudir a la justicia y, luego de transitar por las instancias inferiores, ahora será la Corte la que decidirá en definitiva sobre la constitucionalidad de su requerimiento. Daniel solicitó la información en plena campaña política en las internas del partido colorado y se sospechaba que contrataron muchos funcionarios temporarios.

El mismo caso, pero en la comuna de Lambaré. Felix Pico Portillo solicitó lo mismo a la municipalidad de Lambaré, ante la sospecha que el anterior intendente se había beneficiado con dinero del municipio. En ambos casos, los municipios negaron la información requerida por los ciudadanos.

 En 2006, en un caso que el ciudadano chileno Marcel Claude Reyes impulsó contra su país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Como el de Daniel será el primer caso que será resuelto por una Corte Suprema de un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”) en el que se ha invocado como precedente el caso Claude Reyes, en febrero de 2010 organizaciones de todo el continente americano se presentaron como Amigos del Tribunal (Amici Curia) ante nuestra Corte Suprema para exponer sobre el estado del arte en materia de acceso a la información pública y el rol destacado que este derecho juega en las democracias modernas.

La constitución reconoce expresamente en su artículo 28 el derecho de toda persona a acceder a la información pública, pero  el país no cuenta con una ley que reglamente este derecho. El último intento por contar con una ley de de libre acceso a la información pública fracaso en el 2006, ante el rechazo de la Cámara de Senadores.

Las bases de datos públicas son un auge mundialmente, por ejemplo está la del gobierno Vasco cuya premisa es “transparencia, servicio y eficiencia…objetivos del open data”. También tenemos la base de datos de la Georgetown University a través de su Centro de Estudios para América Latina, donde podemos  encontrar  todas las constituciones de los países del continente.

En Paraguay en setiembre del 2010 se impulsó una campaña para tener datos públicos al alcance de la ciudadanía…la campaña se denominó “Datos Públicos ya!” El 28 de setiembre se realizó un seminario  para conocer la importancia de dichos datos públicos. Contó con la participación de periodistas, representantes del Servicio Nacional de Catastro, de Decidamos, SNNA, y del Vice ministerio del Interior.

Además, una de las expresiones del movimiento OPEN DATA son los OPEN STREET MAPS (o mapas abiertos de calles). Por el contrario de ciertos servicios de mapas de ciudades y calles que ofrecen soluciones restringidas o a cambio de pagos o suscripciones, estos mapas son abiertos, gratuitos y son construidos a partir de la colaboración de la gente.  La información pública está al alcance de todos, en casi todos los países… excepto en Paraguay. A ver cuando se presenta (y se aprueba) un proyecto de ley para tener al alcance de todos los datos que queramos y así poder  acceder a la información que deseemos.